 ¿Quién
debe a Quién?
Tras años
demovilizaciones sociales en el norte y en el sur para exigir
la abolición de la deuda externa y todo el mecanismo de
dominación que la genera, la deuda externa de los países
más débiles del sistema económico mundial
sigue creciendo. Los FMI-BM-G8-etcs siguen fracasando en su despótico
gobierno mundial y en sus -falsos- propósitos incumplidos
de reducción de deuda externa. La deuda externa sigue
haciendo que aumente la desigualdad entre estados y entre clases
sociales, sigue haciendo que aumente el sometimiento de los pueblos
a la lógica económica, y sigue quitándonos
soberanía para decidir sobre nuestro futuro y nuestro
modelo de sociedad. Por esto nos preguntamos: ¿Quien debe
a quien?
¿Por qué convocamos?
Desde la campaña “¿Quién debe a Quién?” queremos
denunciar las mentiras y las insuficiencias que se esconden tras
las declaraciones de gobiernos del G7 en relación a la cancelación
de la deuda externa multilateral de 18 países.
- Es una propuesta insuficiente porque cubre tan sólo a
un grupo muy
limitado de países. La propuesta del G7 excluye a la mayor
parte de los países más empobrecidos. Así se
deja fuera, por ejemplo, a los países que hace poco más
de 6 meses fueron azotados por el Tsunami en el Sudeste asiático,
a países como Angola o Nigeria, que tendrían capacidad
para impulsar el desarrollo en el continente africano, o a Haití,
el país con la renta per càpita menor de todo Latinoamérica
y con un “insoportable” nivel de endeudamiento.
- Es falso que se refiera al total de la deuda. La propuesta excluye
la deuda del Fondo Monetario Internacional, la cual representa
el 30% del servicio de la deuda que los países empobrecidos
pagarán los próximos 5 años. Tampoco se puede
hablar de 100% si se está proponiendo un alivio parcial
(hasta dónde lleguen las aportaciones voluntarias de los
países donantes) del servicio de la deuda a corto plazo
(durante 10 años), y no una cancelación total de
los stocks de deuda a largo plazo. No reconoce la existencia de
una Deuda Ecológica que los países del Norte tienen
contraída con los países empobrecidos como consecuencia
de la emisión de CO2, la deforestación y la contaminación
de reservas naturales, la biopiratería y el hecho de incentivar
políticas que impiden la soberanía alimentaria de
comunidades y pueblos.
- Está supeditada a los intereses de multinacionales y
grupos
financieros. Los escasos alivios de deuda se producirán
sólo si los países se supeditan a las políticas
de ajuste estructural del FMI: apertura de mercados, privatizaciones,
promoción de exportaciones en un mercado internacional marcado
por relaciones muy desiguales entre países ricos y países
empobrecidos.
- No es una medida democrática. Una vez más se esgrime
la lucha contra
la corrupción en los países del Sur para imponer
medidas que responden a los intereses comerciales de los países
ricos y sus empresas
transnacionales, sin que nunca se plantee si esa supeditación
a intereses privados de empresas y grupos financieros podría
entenderse asimismo como un ejemplo y como el origen de la corrupción.
Nuevamente se propone una supuesta solución que no tiene
en cuenta la voz de los afectados.
- Si el objetivo fuese realmente el logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, se debería tener en cuenta que un
mínimo de 62 países empobrecidos necesitan una cancelación
real del 100% de su deuda multilateral y bilateral por poder lograr
estos objetivos en los plazos marcados. El alivio de la deuda resulta
asimismo insuficiente también porque cubre tan sólo
las deudas multilaterales, y deja fuera las deudas bilaterales
así como las contraídas con acreedores privados.
Es más, la solución planteada no presta suficiente
atención a los pueblos de América Central y del Sur
ya que no tiene en
cuenta las deudas de las que es acreedor el Banco Interamericano
de
Desarrollo.
Desde la sociedad civil española que se moviliza desde
hace años por la cancelación de la deuda externa,
exigimos que el gobierno español vaya más allá de
lo propuesto por el G7 y cancele de forma inmediata todas las deudas
impagables e ilegítimas que los países del sur tienen
con el estado español, que se realicen auditorias públicas
integrales para dilucidar la ilegitimidad de la deuda externa,
y que se reconozca la deuda ecológica y social que desde
el Norte tenemos con los pueblos del sur. Para que ello sea posible,
hacemos un llamamiento a la opinión pública española
para participar en las diferentes movilizaciones que durante el
próximo mes, y sobre todo coincidiendo con la reunión
cumbre del G8 en Escocia, se convocan para exigir una lucha más
decidida y comprometida contra la pobreza y la cancelación
de todas las deudas ilegítimas y impagables de los países
del Sur.
¿Qué es la campaña “Quién debe
a Quién” por la abolición de la deuda externa
y la restitución de la deuda ecológica?
Varios colectivos hemos decidido unirnos a las diferentes iniciativas
a nivel internacional, tanto en el Norte como en el Sur, de organizaciones
que continúan luchando contra la injusticia y dominación
que supone la deuda externa. Bajo la pregunta ¿Quién
debe a Quién? lanzamos la Campaña por la Abolición
de la Deuda Externa y Restitución de la Deuda Ecológica
2005, cuyos objetivos son:
- 1. Fomentar la participación ciudadana y trasladar la idea
de corresponsabilidad, tanto en las causas de la deuda externa,
como en la búsqueda de soluciones.
- 2. Denunciar la ilegitimidad de la deuda externa. No nos deben,
sino que nosotros debemos a los países empobrecidos, tanto
en el plano económico, como en el social, político
y ecológico.
- 3. Denunciar la perversión del mecanismo de la deuda externa
como instrumento de dominación Norte-Sur, con graves repercusiones
sociales y ecológicas y que impide el desarrollo de estos
países.
- 4. Exigir al gobierno, mediante presión política,
la realización de una auditoría interna de la legitimidad
de la deuda bilateral, la cancelación de la deuda pública
y la desaparición de los mecanismos que la generan.
- 5. Generar debate social en torno a las consecuencias de la inversión
española en el extranjero.
¿Por qué la campaña por la abolición
de la deuda externa y restitución de la deuda ecológica “Quién
debe a Quién”?
Hace cinco años, en el día de las elecciones generales,
se llevó acabo a lo largo y ancho del país una Consulta
Social sobre la Deuda Externa. Más de un millón de
personas depositaron en aquel momento una papeleta en las urnas
de la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa
(RCADE) apoyándola en su petición. Desde entonces
a muchos nos suena más familiar escuchar hablar del tema.
La Deuda Externa es un instrumento financiero que se viene usando
desde mitad del siglo XX, y con especial intensidad desde los años
70, para prestar grandes cantidades de divisas a los países
del Sur.
Es ya un hecho conocido que la Deuda Externa no ha servido para
paliar la pobreza y disminuir las desigualdades en los Países
del Sur. Por el contrario, la propia naturaleza del mecanismo de
la deuda, se ha convertido en un elemento de enriquecimiento para
los Países del Norte, gracias a los intereses que la deuda
reporta y debido a su utilización como una vía de
promoción de las exportaciones y de búsqueda de nuevos
mercados para las empresas de los Países del Norte.
A esto hay que añadir, las graves consecuencias que para
muchos países han tenido las políticas de Ajuste
Estructural que han sido necesarias aplicar para conseguir financiación
desde los organismos internacionales y que han generado más
Deuda Externa, conduciendo a los países a graves desequilibrios
sociales.
Pero, no sólo son graves las consecuencias económicas
que la deuda externa provoca en los países de Sur, también
hay que resaltar la deuda ecológica contraída por
los Países Industrializados con el resto a causa del expolio
histórico y presente de los recursos naturales, los impactos
ambientales exportados y la libre utilización del espacio
ambiental global para depositar residuos.
Por último, otro aspecto a resaltar al intentar acercarnos
a la realidad de la deuda externa es considerar la ilegitimidad
que en muchos casos encierra la concesión de la misma, ya
que muchas de las pólizas y créditos concedidos no
se sustentan en ninguna garantía de transparencia y control
de corrupción, ni están destinados a promover el
bienestar y pleno desarrollo social de los pueblos a los que fueron
concedidas.
Desde los diferentes movimientos sociales se han oído voces
solicitando a los gobiernos y a los organismos internacionales
que los efectos que provoca la deuda sean tenidos en cuenta y,
que se busquen formulas para eliminar la utilización de
este mecanismo financiero dado las perversas consecuencias que
tiene para los Países en Desarrollo.
Pero los Países del Norte no escuchan. En la próxima
cumbre del G-8 en Escocia que tendrá lugar en Julio de este
año, las propuestas lanzadas desde los países del
Sur y desde los movimientos sociales quedarán fuera de la
reflexión. El G-8, que representa la unión de los
países más fuertes frente al resto del mundo y cuyas
decisiones se imponen en el panorama político y económico
mundial a través de su presencia y poder de decisión
en los organismos internacionales, continúa con sus pretensiones
de gobernar el mundo en beneficio de unos pocos.
A esto hay que añadir la situación actual en el
Estado Español, donde acaba de aprobarse el próximo
Plan Director sobre Cooperación Española para el
periodo 2005-2008 en el cual, sigue presente la utilización
del mecanismo de Deuda Externa y no contempla su eliminación.
Además, se incluyen los créditos FAD dentro de la
AOD.
Por todo lo aquí expuesto:
Ante las diferentes promesas incumplidas de cancelación
del 100% de la deuda multilateral de los países HIPC que
se hacen desde algunos gobiernos del Norte.
Ante la situación de emergencia en la que se encuentran
millones de personas en el mundo.
Y porque el gobierno español incurre en nuevas contradicciones
al conceder las ayudas humanitarias de urgencia como créditos
que generan más deuda externa.
Varios colectivos hemos decidido unirnos a las diferentes iniciativas
a nivel internacional, tanto en el Norte como en el Sur, de organizaciones
que continúan luchando contra la injusticia y dominación
que supone la deuda externa. Bajo la pregunta ¿Quién
debe a Quién? lanzamos la Campaña de Deuda Externa
2005.
La Campaña Deuda 2005, atendiendo a las distintas sensibilidades,
saberes y características de los colectivos que nos hemos
reunido, se ha diseñado en torno a tres ejes fundamentales
en los que se encuentran enmarcadas todas las acciones que se van
a llevar a cabo. Estos ejes son:
- Deuda ecológica: Es la deuda que tienen los Países
del Norte con los países del Sur a causa del expolio de
los recursos naturales del planeta, los impactos ambientales exportados
al Sur y la libre utilización del medio ambiente para depositar
residuos. La crisis ambiental actual no está causada por
los países empobrecidos y, sin embargo, son ellos los que
sufren la mayoría de sus consecuencias. Según esto,
los países deudores del Sur empobrecido y contaminado pasarían
a ser acreedores del Norte enriquecido, por todo lo robado y dañado.
- Deuda ilegítima: Es la Deuda que se deriva de préstamos
que se consideran ilegítimos, es decir, de préstamos
que esconden, financian o dan como resultado conductas, mecanismos
o fenómenos que atentan contra el desarrollo de la vida digna
de las personas y/o ponen en peligro la convivencia pacífica
entre los pueblos. Entre estos fenómenos, mecanismos o conductas
se encuentran la opresión de los pueblos, el genocidio, las
guerras imperialistas, la corrupción, la distribución
desigual de la riqueza, la generación de pobreza, la arbitrariedad
o la intervención de las soberanías.
- Deuda Externa: Es el dinero que deben los países
del Sur a los países del Norte, a los bancos y a las Instituciones
Financieras Internacionales (FMI, BM) como consecuencia de los préstamos
que sus gobiernos recibieron en el pasado y a los que no pueden
hacer frente en la actualidad.
¿Qué pedimos en la campaña de abolición
de la deuda externa y ecológica “Quién debe
a Quién”?
Exigimos al gobierno español:
- 1. La abolición de la deuda externa de los países
cuando su pago ponga en peligro la vida de sus ciudadanos e impida
la satisfacción de sus necesidades básicas (soberanía
alimentaria, educación, salud, vivienda digna...).
- 2. La moratoria, sin acumulación de intereses, en el cobro
de la deuda de los 82 países deudores del estado español
con el fin de realizar Auditorías Pública Integrales.
- 3. La realización de Auditorías Públicas Integrales
de la deuda de los 82 países deudores del estado español
con el objeto de determinar la legitimidad o ilegitimidad de
la deuda exigida.
- 4. La abolición inmediata e incondicional de todas las deudas
ilegítimas.
- 5. La demanda de restituciones y responsabilidades judiciales
a aquellas personas y/o instituciones que permitieron, fomentaron
e hicieron uso de créditos ilegítimos.
- 6. La utilización del mecanismo de conversión de
deuda únicamente para aquellos casos en que esta sea considerada
como legítima en el proceso de Auditoría Pública
Integral. Siempre y cuando esta opción sea aceptada de forma
coordinada tanto por la sociedad civil del país deudor
como por su gobierno.
- 7. La eliminación de los créditos FAD como instrumento
de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), el completo rediseño
o eliminación de CESCE, la no contabilización de
la cancelación de la deuda como AOD, y la desaparición
de la exigencia de garantía soberana.
- 8. La no utilización de los mecanismos públicos de
apoyo a la exportación para impulsar actividades de transnacionales
españolas que comporten impactos ambientales y sociales
negativos en los países empobrecidos. Exigimos el establecimiento
de mecanismos públicos de control, evaluación, denuncia
y asunción de responsabilidades.
- 9. El reconocimiento de la deuda ecológica adquirida con
los países empobrecidos, el establecimiento de mecanismos
para su restitución y la aplicación de políticas
que eviten una nueva generación.
- 10. El impulso, en el marco internacional, de auditorías
públicas integrales tanto de la deuda multilateral como
de la privada, la exigencia de responsabilidades y restituciones
a aquellos que permitieron la generación de deudas ilegítimas
y se aprovecharon de ellas, así como la inmediata abolición
de todas ellas.
Exigimos al parlamento español:
- 1. El establecimiento de mecanismos que aseguren la gestión
transparente de la deuda bilateral. Demandamos en particular la
creación de una comisión parlamentaria permanente
sobre deuda con la participación de la sociedad civil, y
la elaboración y discusión en el plenario del parlamento
de un Informe Público Anual sobre la gestión de
la deuda.
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